La Comisión de la Verdad de Colombia rechazó este miércoles el incremento "sistemático" de amenazas y asesinatos del que son víctimas por parte de grupos armados ilegales las mujeres del grupo de implementación con enfoque de género del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC.

El organismo dijo en un comunicado que "rechaza el incremento sistemático de amenazas, intimidaciones, asesinatos y desplazamientos del que vienen siendo víctimas las integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género en el acuerdo final de paz, por parte de grupos armados ilegales en varios territorios del país".

A lo anterior se suma, dijo la Comisión, la "falta de garantías institucionales que ponen en riesgo su seguridad e integridad personal y familiar, y obstaculizan y paralizan el cumplimiento de su misión política y técnica".

Para la Comisión, que forma parte del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que incluye la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las amenazas "significan un retroceso en la implementación de los acuerdos de paz" firmados en noviembre de 2016.

Además "constriñen el impulso y seguimiento que se venía haciendo desde la Instancia a la implementación y transversalización del enfoque de género pactadas en el acuerdo".

Según la Comisión y su Grupo de Trabajo de Género cinco de las integrantes de la Instancia se han visto obligadas a suspender sus actividades y salir de los lugares en donde estaban.

"De las 16 integrantes de este organismo, cinco se han visto obligadas a suspender todas sus actividades, abandonar sus espacios de incidencia y desplazarse", dijo la Comisión.

La Comisión detalló que otras cinco han tenido que "limitar y reducir" su participación en los procesos organizativos y de representación por las mismas razones.

Aseguraron que "el 62.5 % de las integrantes de la Instancia Especial carecen de las condiciones básicas de seguridad y protección para ejercer su liderazgo y cumplir a cabalidad el compromiso que significa su trabajo social y político".

La Comisión instó al Gobierno colombiano y a las instituciones correspondientes a "tomar las medidas necesarias para garantizar su vida, las de sus familias y sus comunidades y a propiciar todas las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones y liderazgos".

La semana pasada el presidente de la Comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, recibió de manos del embajador de España, Pablo Gómez de Olea, la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, como un "referente ético" del país.

De Roux, de 77 años, fue ordenado sacerdote en 1975 y ha dedicado toda su vida a trabajar por la paz y la justicia social, principalmente en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), un centro de pensamiento de la comunidad jesuita, del cual fue director.

EFE